Informe
2025: el año de la implementación aplazada
Puntos clave
- Europa implementó en fecha; Estados Unidos reformuló conservando el núcleo; la región aprobó sin operar.
- El scorecard fijó la cifra del bienio: 28 % de cumplimiento mediano del estándar de compra.
- Los ceros persistentes (registros, métricas) son estructurales: tres mediciones independientes los confirman.
- El costo de la meseta ya es tasable: contratos sin cláusulas por toda su vigencia, dependencia acumulada, tres años de sistemas sin salvaguardas medidas.
- La ventana contractual europea alcanza su máximo: exigir la documentación que la industria ya produce por obligación no cuesta nada desde el próximo pliego.
Se implementó en Europa, se reformuló en Estados Unidos, y en América Latina se aprobó mucho, se midió algo y se operó poco. La cifra del año: 28 % de cumplimiento en compra. La región ya no puede alegar que no sabía.
2024 fue el año en que la gobernanza de la IA se volvió exigible; 2025 debía ser el de la implementación. El balance es mixto por diseño de nuestra revisión anual — y la mezcla es el mensaje.
El mundo se bifurcó en serio. La Unión Europea pasó de aprobar a aplicar: prohibiciones desde febrero, obligaciones para modelos de propósito general desde agosto, ambas en fecha y con guías. Estados Unidos revocó su andamiaje el día de la posesión presidencial y lo reemplazó en abril con memorandos que —bajo retórica opuesta— conservaron el núcleo operativo: responsables, inventarios, categoría de alto impacto. La lección de esa continuidad práctica: los requisitos de buena gestión de IA no son ideología de un gobierno; sobreviven a los péndulos porque protegen al que gestiona.
América Latina aprobó su agenda y aplazó su operación. Colombia estrenó política nacional en febrero y cerró el año sin registro público de sistemas ni métricas publicadas. Brasil mantuvo su ley en la Cámara. Chile avanzó normativa sin culminar. Y la medición regional maduró más que lo medido: el ILIA 2025 confirmó líderes, la encuesta de confianza de la OCDE se aplicó por primera vez a escala regional — la región termina 2025 mejor medida que nunca y gestionada igual que antes.
La tabla que resume el bienio
Dos años de seguimiento permiten el primer balance en serie. Las filas de infraestructura externa avanzaron: políticas nacionales (de dos a tres aprobadas, dos en trámite), mediciones activas (de cuatro a seis), documentación exigible de proveedores generativos (de inexistente a obligatoria en Europa — y por tanto disponible por contrato en todas partes). Las filas de práctica interna siguen en cero: registros públicos de sistemas en la región, cero; métricas de supervisión publicadas por alguna entidad, cero.
Nuestra medición del año —el scorecard de compra: mediana del 28 %, cuatro ceros estructurales— convirtió el diagnóstico en línea de base. 2026 se juzgará por si alguna fila de ceros se mueve.
Rendición de cuentas
La vara que aplicamos a los gobiernos se aplica primero a esta serie. De las cinco preguntas que dejamos escritas en la revisión de 2024: la aplicación europea llegó en fecha (acierto); el andamiaje estadounidense sobrevivió como estructura pero no como política (acierto en el riesgo, error en la velocidad); Brasil no completó su ley (pendiente); la política colombiana aterrizó con institucionalidad pero sin los verificables (parcial); y el primer registro público de la región no apareció: la predicción falló y se renueva con nueva fecha. Dos aciertos, dos parciales, un fallo — publicados porque así se construye el derecho a exigir.
Por qué importa
Para quien decide en 2026, el año no ofrece la excusa de la ambigüedad: los instrumentos existen, las líneas de base existen, y lo único pendiente es la primera práctica verificable. La versión mínima ejecutable cabe en cuatro trimestres: registro publicado (T1), métricas de los dos sistemas de mayor impacto (T2), primera auditoría de decisión (T3), scorecard propio de compra (T4). Cuatro trimestres, cuatro ceros menos.
Y una urgencia con calendario electoral: el ciclo político colombiano de 2026 pondrá a prueba la continuidad de todo lo construido. El caso mexicano del bienio —la supresión del órgano de evaluación más institucionalizado de la región— es el recordatorio de que las capacidades sin blindaje documental son candidatas a desmonte. Documentación, actos administrativos y carrera técnica: el seguro barato contra la amnesia institucional.
El tercer año de esta serie dirá si la meseta era una pausa o un equilibrio. Trabajamos, con las herramientas publicadas, para que sea lo primero.
El documento completo —con su metodología, sus fuentes y sus limitaciones— está disponible en el PDF descargable de esta página.