El tablero 2026: veintitrés de veinticuatro celdas sin moverse

La segunda edición de nuestro informe anual llega con lo que la primera no tenía: dos mediciones empíricas propias, un índice nominal y un año de tablero para comparar. El veredicto del bienio cabe en una celda: de las veinticuatro posiciones del tablero regional —cuatro capacidades por seis países—, veintitrés no se movieron en un año. La única que cambió, cambió hacia abajo (la evidencia mexicana, tras consolidarse la supresión de su órgano de evaluación sin que el nuevo arreglo demuestre independencia equivalente).

La lectura no es cinismo sino precisión: la región está en la meseta que separa los instrumentos de los hábitos. Las políticas existen, la infraestructura de medición es la mejor que la región ha tenido, y la práctica verificable —registros, métricas, evaluaciones publicadas, usos de evidencia que cambien decisiones— sigue en los ceros que cada medición del año confirmó.

Tres mediciones, un mismo Estado

El 28 % del scorecard de compra, los ceros del benchmark de capacidades y los doce de dieciocho del índice ministerial describen el mismo Estado desde tres ángulos — y coinciden con la paradoja que abrió esta serie en 2024: gobernanza formal alta, adopción baja. La triangulación cierra el espacio de la duda razonable. El diagnóstico ya no es discutible; solo la respuesta.

Y la meseta es transversal, no nacional: ningún país se movió mientras otros avanzaban. La explicación parsimoniosa no está en las políticas nacionales, que difieren, sino en lo que todas comparten: ninguna convirtió sus obligaciones de gobernanza en mandatos con plazo y consecuencia. El experimento que dejamos planteado en marzo sigue corriendo: si las seis variables del índice se vuelven obligación con plazo, la mediana de 2027 será 4 o más; si siguen voluntarias, no pasará de 1.

Rendición de cuentas — con un fallo repetido

De las cinco preguntas de la edición anterior: Brasil avanzó su ley hasta la Cámara, sin sanción al cierre (parcial) — y la pregunta estaba mal formulada, porque los ajustes en la Cámara obligan a devolver el texto al Senado: la ley brasileña está, en el mejor caso, a dos actos legislativos de existir. La implementación colombiana atraviesa su ciclo electoral con el veredicto pendiente. El grupo pequeño de entidades por encima del nivel inicial apareció donde el benchmark lo predijo (acierto). La medición de confianza regional estableció su línea de base (pendiente de serie). Y el primer registro público de sistemas de la región sigue sin existir: nuestra predicción falló por segunda vez y se renueva por última, con el candidato que el índice identificó — la obligación colombiana con plazo.

El reloj que se movió, y el que no

Durante dos años esta serie usó una fecha ajena como argumento de urgencia: la entrada en aplicación del régimen europeo de alto riesgo. Esa fecha se movió — el Digital Omnibus la trasladó al 2 de diciembre de 2027 — y conviene decir qué significa y qué no. El contenido del estándar no cambió: documentación técnica, gestión de riesgos, supervisión humana y registro siguen siendo lo que el mercado global construirá, y exigirlos por contrato sigue siendo la política de calidad más barata disponible, ahora con más margen. Lo que cambia es de quién es el reloj: ninguna de las veinticuatro celdas del tablero dependía de esa fecha. Una agenda que se defiende con un calendario extranjero es, en esa medida, una agenda prestada.

Y hay un reloj propio que sí aprieta, y que esta edición no había registrado: Perú tiene, desde enero de 2026, obligaciones de transparencia algorítmica con fechas ciertas por sector, la primera de ellas el 10 de septiembre de 2026. Es la única obligación con plazo de esta naturaleza vigente en América Latina — más próxima y más exigible que cualquier fecha de Bruselas. Su cumplimiento o incumplimiento será la mejor prueba disponible de la hipótesis que sostiene toda esta serie: que solo la obligación con plazo mueve la práctica.

Por qué importa

Para los gobiernos del ciclo 2026–2027, el informe define la vara de la tercera edición — y la versión mínima ejecutable sigue siendo un verificable con fecha por país: el registro publicado, la directiva con plazo, la ley sancionada, la meta de confianza. Para los organismos regionales, la lista de bienes comunes lleva dos años intacta y su costo no ha subido: sigue siendo un taller por pieza. Para la ciudadanía y la prensa, los números de este bienio convierten la conversación de IA en conversación de resultados: qué puede demostrar el Estado, no qué promete.

El riesgo mayor ya no es el retroceso sino la comodidad: coordinaciones que operan, informes que fluyen, celdas que no se muevan. Este tablero existe para hacer esa comodidad incómoda — una edición por año, con el método a la vista, las predicciones con fecha y los fallos reconocidos. La historia se escribe una decisión a la vez; seguiremos midiendo cuáles.

El documento completo —con su metodología, sus fuentes y sus limitaciones— está disponible en el PDF descargable de esta página.